La protección a personas en situación de dependencia en España es competencia de las administraciones territoriales (autonómicas y locales).

En este contexto la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia (LAPAD), supone la implantación de un sistema nacional de protección de la dependencia (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia-SAAD) que acerca a España a los niveles de atención de los países europeos más avanzados.

Las personas con dependencia funcional gozan jurídicamente de los mismos derechos, libertades y deberes civiles y políticos constitucionales que los demás ciudadanos, ya que únicamente se les podrá privar de los mismos en los casos de incapacitación, a través de una sentencia judicial y en los términos y extensión que la misma establezca.

Sin embargo, en la práctica la vulnerabilidad de su situación dificulta el ejercicio real de dichos derechos, como ponen de manifiesto diversos estudios e informes6 sobre los casos de maltratos, abusos o extorsiones a que se ven sometidos.

Así pues, este colectivo, especialmente frágil, precisa de la concreción de los derechos que les corresponden, especialmente como destinatarios y usuarios de las prestaciones y servicios, así como de medidas protectoras específicas para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y responsabilidades.